Institucional
El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República dijo en radio Programas del Perú que el Estado poco o nada se viene preocupando por los mineros informales del Perú.
Asimismo dio a conocer que la Comisión acordó, en la última sesión del 27 de agosto, invitar a los ministros de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y de Cultura, Diana Álvarez Calderón Gallo para que el próximo 3 de setiembre expliquen los lineamientos de política y actual situación de cada sector ministerial.
En tanto, por versión de los dirigentes de las comunidades Nahua, Santa Rosa de Serjali, Nanti y otros, se evidenció la existencia de un fideicomiso de 3 millones 700 mil dólares para ser invertidos en educación y salud, pero que en la actualidad el Gobierno no cumple con ese compromiso. Este tema también será explicado por la ministra de Cultura en dicha Comisión dictaminadora.
También se consideró invitar en breve plazo al ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, para explicar el tema relacionado a la reprogramación del cronograma de formalización de la pequeña minería y minería artesanal que agrupa a más de 150 mil mineros informales y que a su vez involucra a más de 1 millón de personas, cuya actividad de explotación minera ilegal representa el 20% de la producción de oro; es decir, alrededor de 1600 millones de dólares que deja de percibir el Estado.
En relación a ese tema, el legislador de Fuerza Popular dijo que el portal web del ministerio de Energía y Minas informa que en el Perú figuran 13 mil mineros en proceso de formalización, mientras que el ministro de Ambiente refiere que se cuenta con aproximadamente 30 mil mineros en proceso de formalización.
Además señaló la urgente necesidad de que el Gobierno a través de sus voceros, expliquen las razones del grave retroceso al cronograma de formalización de los mineros informales. Mientras que el Premier Juan Jiménez Mayor, señala que este cronograma se extiende al 2016, el ministro de Ambiente menciona que se amplía hasta abril de 2014, de acuerdo al Decreto Supremo 032-2013-EM publicado el 24 de agosto de 2013.
Ello significa una incongruencia y una permisibilidad frente al grave problema ambiental, económico y social. Además de más uso de combustible, cianuro, mercurio; y en consecuencia puertas abiertas a la minería ilegal y a la depredación de zonas protegidas y sensibles como la Amazonía.
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